A medida que los homicidios se disparan en Chile, la ausencia de medidas efectivas del gobierno y la conexión con la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado alarma a la nación.
El año nuevo en Chile comenzó con un estruendo, pero no de fuegos artificiales. Una serie de homicidios ha sacudido al país, levantando cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno de Gabriel Boric. Con un alarmante incremento de casos en varias regiones, incluyendo la Región de O’higgins, los ciudadanos se encuentran en un estado de incertidumbre y miedo.
En los primeros 19 días de enero, la Región Metropolitana ha sido testigo de 20 asesinatos, un número que supera ampliamente las estadísticas de años anteriores. Este aumento ha sido descrito por las autoridades como una “pandemia de homicidios”, un término que refleja la gravedad de la situación. Sin embargo, más allá de las declaraciones, las acciones concretas del gobierno parecen insuficientes para frenar esta ola de violencia.
La conexión con la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado no puede ser ignorada. Chile, tradicionalmente conocido por su estabilidad y baja tasa de criminalidad, se enfrenta ahora a desafíos complejos que requieren una respuesta multidimensional y firme. La falta de una estrategia clara y la aparente inacción del gobierno han llevado a algunos sectores a proponer medidas extremas, como la declaración de un Estado de Excepción en la Región Metropolitana.
Este escenario no solo afecta la seguridad pública, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales profundas. El temor se ha instalado en las calles, y la confianza en las instituciones se ve amenazada. Si el gobierno no actúa con prontitud y eficacia, el costo para la sociedad chilena podría ser irreparable. El llamado es urgente: es momento de acciones, no solo de palabras.
